La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama de las mascarillas ha reabierto un debate que lleva años dividiendo a la opinión pública: ¿es más culpable quien ofrece una comisión o quien la acepta?
La pregunta parece sencilla, pero la respuesta tiene enormes implicaciones para entender cómo funciona realmente la corrupción.
Víctor de Aldama ha sido condenado por participar en la trama. Sin embargo, la colaboración prestada a la Justicia le ha permitido obtener una reducción muy importante de su condena. Mientras tanto, José Luis Ábalos y Koldo García han sido condenados a 24 y 19 años de prisión respectivamente por los delitos relacionados con el uso de su posición pública para favorecer intereses privados.
Muchos ciudadanos se preguntan si es justo que quien paga una comisión pueda recibir un trato más favorable que quien la cobra.
La respuesta del Derecho es clara: sí.
Y existe una razón muy sencilla.
Un empresario puede intentar comprar favores. Es una conducta ilegal y reprochable. Pero un empresario no tiene capacidad para adjudicar contratos públicos, modificar expedientes administrativos, nombrar cargos públicos o decidir el destino del dinero de los contribuyentes.
Quien sí tiene ese poder es el responsable público.
Por eso la corrupción institucional no nace cuando alguien intenta comprar una decisión. Nace cuando alguien que tiene la obligación de proteger el interés general decide venderla.
El empresario corruptor pretende obtener una ventaja.
La autoridad corrupta traiciona el cargo que los ciudadanos le han confiado.
Esa diferencia es fundamental.
Si mañana un ciudadano intenta sobornar a un policía, la gravedad principal no reside en el intento de soborno. La gravedad máxima aparece si el policía acepta el dinero y deja de cumplir la ley.
Si un empresario ofrece una comisión a un alcalde, la democracia sigue funcionando mientras el alcalde lo denuncie.
La democracia empieza a romperse cuando el alcalde acepta.
Por eso las legislaciones modernas castigan especialmente a las autoridades y funcionarios que utilizan su poder para beneficio propio. No se les exige únicamente que no roben. Se les exige que sean la primera barrera contra la corrupción.
Existe además otro aspecto que muchos olvidan.
La colaboración con la Justicia no es un premio. Es una herramienta para descubrir delitos que de otro modo permanecerían ocultos.
Desde la lucha contra la mafia italiana hasta las grandes investigaciones de corrupción en Europa y Estados Unidos, numerosos casos se han resuelto gracias a personas implicadas que decidieron colaborar y aportar pruebas contra quienes ocupaban posiciones de poder.
Puede resultar incómodo.
Puede parecer injusto.
Pero si la elección es entre castigar a todos por igual o descubrir la verdad completa sobre cómo funcionaba una trama corrupta, el Derecho suele optar por favorecer la obtención de pruebas y la identificación de los máximos responsables.
La cuestión que debería plantearse cualquier ciudadano no es si el corruptor merece castigo. Evidentemente lo merece.
La verdadera cuestión es quién tenía la obligación de impedir que la corrupción existiera.
Y la respuesta es evidente.
El empresario puede intentar comprar.
Pero solo quien ejerce el poder público puede decidir vender.
Y cuando quien vende es un ministro, un consejero, un alcalde o un funcionario, el daño no afecta únicamente a una persona o a una empresa.
Afecta a la confianza de todos los ciudadanos en las instituciones democráticas.
Por eso, en una democracia, la responsabilidad más grave siempre recae sobre quien convierte un cargo público en un negocio privado.
Miguel Ángel Pedrosa Ruiz
Secretario General de TÚ ELIGES
