El Estado de Derecho exige responsabilidades a los ciudadanos, pero también obliga a los poderes públicos a garantizar que las normas se apliquen con igualdad, proporcionalidad y eficacia.
Por Fe Quiñones Martín
Pago mis impuestos. Cumplo mis obligaciones. Respeto las normas de convivencia. Acepto las responsabilidades que me corresponden como ciudadana y entiendo que vivir en sociedad exige compromisos, renuncias y respeto hacia los demás.
Lo hago porque creo en el Estado de Derecho. Porque considero que una sociedad democrática no puede sostenerse únicamente sobre la reivindicación de derechos, sino también sobre el cumplimiento de deberes. Y porque entiendo que entre los ciudadanos y las instituciones existe un pacto fundamental, aunque no siempre esté escrito: nosotros contribuimos al sostenimiento de lo común y los poderes públicos garantizan nuestros derechos, nuestra seguridad y el cumplimiento de las leyes.
Sin embargo, ese pacto necesita algo más que buenas intenciones. Necesita reciprocidad.
¿Qué sucede cuando el ciudadano que cumple observa que las normas parecen aplicarse con diferente rigor dependiendo de quién las incumpla?
¿Qué debe pensar quien paga sus impuestos, atiende los requerimientos administrativos, respeta las limitaciones establecidas y asume las consecuencias de sus errores cuando percibe que determinadas conductas contrarias a las normas permanecen sin respuesta durante un tiempo indefinido?
La cuestión no es menor. Afecta directamente a uno de los pilares sobre los que descansa cualquier democracia: la confianza en las instituciones.
Vivimos en una sociedad en la que los derechos fundamentales constituyen una conquista irrenunciable. La libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de manifestación son garantías esenciales que deben protegerse, especialmente cuando las opiniones expresadas resultan incómodas para quienes ejercen el poder.
Una democracia se reconoce también por su capacidad para permitir la discrepancia.
Pero conviene recordar algo igualmente importante: el ejercicio de los derechos debe desarrollarse dentro del marco jurídico que garantiza los derechos de todos.
La libertad de una persona no puede entenderse al margen de las libertades de las demás. El espacio público pertenece a la ciudadanía en su conjunto y su utilización debe conciliar los distintos derechos e intereses legítimos que confluyen en él.
Manifestarse pacíficamente es un derecho fundamental. Ocupar de manera permanente un espacio público, instalar campamentos o desatender requerimientos de la autoridad plantea cuestiones jurídicas diferentes, cuya legalidad debe examinarse conforme a las circunstancias concretas y a las normas aplicables.
No todo incumplimiento justifica una intervención coercitiva, pero tampoco toda reivindicación convierte automáticamente en legítima cualquier conducta realizada en su nombre.
Defender los derechos fundamentales y exigir el cumplimiento de la ley no son posiciones incompatibles. Son dos exigencias de un mismo Estado democrático.
Con frecuencia se recuerda al ciudadano cuáles son sus deberes. Se le exige puntualidad en sus pagos, respeto a los procedimientos administrativos y observancia de las normas que regulan la convivencia.
Y así debe ser.
Lo que resulta razonable preguntarse es si las administraciones muestran siempre la misma diligencia cuando les corresponde actuar para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
El Estado dispone de mecanismos administrativos, judiciales y, cuando legalmente procede, coercitivos para proteger los derechos de las personas y preservar la convivencia.
Esos instrumentos no pueden utilizarse arbitrariamente. Toda intervención debe estar justificada, ser proporcional, respetar los derechos fundamentales y quedar sometida al control de los tribunales.
Pero la obligación de actuar conforme a Derecho no equivale a una autorización para permanecer indefinidamente inactivo.
La prudencia institucional es necesaria. La tolerancia puede ser razonable en determinadas circunstancias. La mediación y el diálogo deben tener su espacio.
Sin embargo, cuando existe una infracción acreditada, cuando se han agotado las vías de solución y cuando la autoridad competente tiene el deber jurídico de intervenir, la inacción también merece una explicación.
Porque gobernar no consiste únicamente en aprobar normas. Consiste en aplicarlas con justicia, motivar las decisiones y responder de ellas ante los ciudadanos.
Hay algo especialmente preocupante en la percepción de que las reglas no se aplican por igual: el deterioro silencioso de la confianza colectiva.
El ciudadano que cumple no espera privilegios. No pretende recibir un trato excepcional ni situarse por encima de los demás.
Espera, sencillamente, que las instituciones sean coherentes.
Que las obligaciones sean exigibles conforme a criterios objetivos. Que las infracciones reciban la respuesta legalmente prevista. Que los derechos se protejan sin arbitrariedad. Y que nadie obtenga ventajas indebidas por el mero hecho de desatender las normas.
Cuando esa confianza se debilita, el daño va mucho más allá de una situación concreta.
Surge una pregunta incómoda: ¿para qué esforzarse en cumplir si se tiene la impresión de que el incumplimiento no produce consecuencias?
Es una pregunta que ninguna administración debería ignorar.
Porque el respeto a la ley no puede descansar exclusivamente sobre la buena voluntad de quienes están dispuestos a cumplirla. También necesita instituciones capaces de garantizar su aplicación.
Y esa aplicación debe ser igual para todos, sin perjuicio de las circunstancias particulares y de las garantías que correspondan en cada caso.
Pagar impuestos no es simplemente cumplir una obligación económica.
Es contribuir a la sanidad, a la educación, a las infraestructuras, a la seguridad, a los servicios públicos y al funcionamiento de las instituciones que hacen posible nuestra convivencia.
Es participar en un esfuerzo colectivo del que todos debemos beneficiarnos conforme a los principios de solidaridad, justicia e igualdad.
Pero esa contribución lleva aparejada una expectativa legítima: que los recursos públicos se administren responsablemente y que las instituciones cumplan las funciones que tienen encomendadas.
Los impuestos no son un cheque en blanco al poder público.
Son parte de una relación de confianza que exige transparencia, responsabilidad y respeto a la legalidad.
El ciudadano debe cumplir sus obligaciones fiscales con independencia de su satisfacción con la actuación administrativa. Pero eso no elimina su derecho a exigir explicaciones, reclamar soluciones y pedir responsabilidades cuando considera que los poderes públicos no cumplen adecuadamente sus funciones.
La democracia no se agota en votar periódicamente ni en pagar impuestos. También implica poder exigir que las instituciones respondan de sus decisiones y de sus omisiones.
Pienso en la Puerta del Sol de Madrid, un lugar que siento profundamente mío y que representa tantas cosas para quienes queremos esta ciudad.
Un espacio de encuentro, de historia, de celebraciones, de reivindicaciones y de convivencia.
Un lugar donde generaciones de madrileños han compartido momentos inolvidables y donde personas de procedencias e ideas diferentes coinciden cada día.
Me gusta especialmente contemplarla en Navidad, cuando sus luces, su ambiente y la presencia de tantas familias recuerdan que los espacios públicos son, ante todo, lugares que compartimos.
Y precisamente porque son de todos, merecen ser cuidados, respetados y protegidos.
La Puerta del Sol, como cualquier otra plaza de España, debe poder acoger el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, garantizar que su utilización sea compatible con los derechos de quienes también desean disfrutar de ella.
No se trata de enfrentar a unos ciudadanos con otros.
Se trata de encontrar el equilibrio que exige una convivencia democrática.
No reclamo un Estado autoritario. No defiendo actuaciones indiscriminadas ni pretendo que la fuerza sustituya al diálogo.
Reclamo algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: un Estado que ejerza sus competencias con responsabilidad, que proteja las libertades y que no renuncie a hacer cumplir las normas cuando jurídicamente corresponda.
Un Estado capaz de distinguir entre la protesta legítima y las conductas contrarias al ordenamiento jurídico.
Un Estado que comprenda que la proporcionalidad es indispensable, pero que también sepa que la pasividad injustificada puede perjudicar derechos e intereses legítimos.
Un Estado que no confunda tolerancia con indiferencia ni autoridad con arbitrariedad.
Porque la fortaleza de una democracia no se mide por la dureza de sus intervenciones, sino por la justicia, la coherencia y la legitimidad de sus decisiones.
Y porque el verdadero respeto a los derechos fundamentales exige proteger tanto a quien ejerce legítimamente su libertad como a quien reclama que se respeten las normas de convivencia.
Cumplir la ley no debería convertirse nunca en una desventaja.
Quien cumple sus obligaciones no merece privilegios, pero sí tiene derecho a esperar que las instituciones cumplan las suyas.
No podemos construir una sociedad justa sobre la idea de que las normas son rigurosas para unos y meramente orientativas para otros.
La igualdad ante la ley debe ser algo más que una declaración solemne. Debe percibirse en la vida cotidiana, en las decisiones administrativas y en la respuesta de los poderes públicos.
Porque cuando se debilita la confianza en la aplicación de las normas, no solo se cuestiona la autoridad del Estado. Se resiente también el compromiso ciudadano con aquello que nos une.
Y ese compromiso es demasiado importante para dejarlo deteriorarse.
El Estado de Derecho no consiste en que unos cumplan mientras otros puedan permitirse incumplir impunemente. Consiste en que todos estemos sometidos a la ley y en que las instituciones garanticen su cumplimiento con justicia, igualdad y pleno respeto a los derechos fundamentales.
Eso es lo que espero de las instituciones.
Y eso es lo que considero que merecemos todos los ciudadanos.
Fe Quiñones Martín
Artículo de opinión
Imagen: La Puerta del Sol de Madrid durante las celebraciones navideñas.
