
El alcalde Carlos Blázquez distribuye una nueva publicación municipal para destacar las ventajas de una planta privada mientras siguen sin aclararse el coste de la campaña, los beneficios económicos reales y las consecuencias de añadir otra instalación a un entorno ambientalmente degradado.
Colmenar Viejo ha vuelto a recibir en sus buzones una publicación municipal dedicada a presentar las bondades de la futura planta de biogás. Numerosas páginas a todo color, papel de calidad y un mensaje cuidadosamente elaborado: la planta será una oportunidad para nuestro municipio.
Pero después de analizar su contenido surge una pregunta inevitable: ¿por qué dedica el Ayuntamiento tantos recursos a promocionar una instalación privada mientras numerosos vecinos siguen reclamando respuestas sobre sus posibles consecuencias?
El alcalde Carlos Blázquez parece haber convertido la defensa del proyecto en una prioridad de comunicación institucional. Sin embargo, informar no consiste únicamente en destacar ventajas, sino también en explicar los inconvenientes, las incertidumbres y las responsabilidades que acompañan a cualquier actividad industrial.
¿CUÁNTO CUESTA CONVENCER A COLMENAR VIEJO?
Con cerca de 60.000 habitantes y aproximadamente 18.000 hogares, una campaña de buzoneo generalizada podría requerir unos 18.000 ejemplares.
Hemos consultado referencias comerciales para publicaciones de 32 páginas, a todo color y en papel couché. Utilizando esos precios, la impresión de una tirada semejante podría situarse orientativamente entre 9.000 y 13.000 euros, sin IVA, siempre que las características sean comparables.
No es una factura municipal, sino una estimación de mercado. Y tampoco incluye diseño, maquetación, distribución ni los recursos destinados a los informadores ambientales anunciados por el Ayuntamiento.
Por tanto, exigimos conocer el coste real de la campaña, las empresas contratadas, los expedientes correspondientes y si la promotora de la planta ha participado en su financiación.
Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto dinero se destina a presentar las ventajas de un proyecto privado y qué interés público justifica ese gasto.
LO QUE EL FOLLETO NO EXPLICA SUFICIENTEMENTE
La publicación describe tecnologías de tratamiento y medidas para controlar las emisiones. Sin embargo, no desarrolla con la misma claridad una cuestión fundamental: la nueva planta se incorporará a una zona que ya soporta numerosas actividades industriales y de gestión de residuos.
La documentación ambiental de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2023 identifica en el entorno un vertedero de residuos urbanos, instalaciones de tratamiento de escombros, actividades de extracción de áridos y fabricación de hormigón, entre otras infraestructuras.
El propio informe describe un entorno ya degradado por las actividades existentes.
Y el vertedero seguirá funcionando.
Por tanto, la pregunta no es si el biogás puede ser útil como energía renovable, sino qué consecuencias tendrá añadir otra instalación de tratamiento de residuos a este emplazamiento.
¿Qué efectos acumulativos se han estudiado sobre emisiones, olores y tráfico pesado? ¿Qué mediciones ambientales existen actualmente? ¿Qué controles se realizarán cuando la planta entre en funcionamiento?
El Ayuntamiento dispone de documentación ambiental favorable al proyecto, pero debería explicar sus resultados y condiciones de forma accesible, incluyendo los posibles efectos conjuntos de las instalaciones.
Una autorización ambiental establece condiciones y controles; no constituye una garantía absoluta de ausencia de molestias.
TRES MILLONES DE EUROS: NO TODO ES DINERO QUE RECIBIRÁ EL AYUNTAMIENTO
Otro de los argumentos municipales es que la planta proporcionará beneficios valorados en hasta tres millones de euros.
Sin embargo, la información oficial revela que esa cifra agrupa conceptos diferentes: impuestos como el ICIO, el IBI y el IAE, ahorros estimados y otras prestaciones vinculadas al proyecto.
No equivale necesariamente a tres millones de euros entregados directamente por la empresa al Ayuntamiento.
¿Cuánto corresponde a impuestos? ¿Cuánto a ahorros previstos? ¿Qué compromisos están garantizados y durante qué periodo?
Los vecinos merecen un desglose económico verificable, no únicamente una cifra global presentada como argumento favorable al proyecto.
Y aunque esos beneficios llegaran a materializarse, seguiría siendo necesario justificar la idoneidad ambiental de la ubicación.
¿QUIÉN RESPONDERÁ SI APARECEN LOS PROBLEMAS?
El folleto insiste en las medidas tecnológicas previstas para evitar olores y controlar emisiones. Pero debería explicar también qué sucederá si esas medidas resultan insuficientes.
¿Quién inspeccionará la planta? ¿Cómo podrán reclamar los vecinos? ¿Se publicarán las mediciones? ¿Qué consecuencias tendrán los incumplimientos?
Estas preguntas no presuponen que la instalación vaya a causar daños. Exigen conocer las garantías efectivas de vigilancia y respuesta.
Porque la tranquilidad no debería depender de una campaña publicitaria, sino de controles verificables y responsabilidades exigibles.
PP Y PSOE: UNA ABSTENCIÓN QUE RESULTÓ DECISIVA
Mientras el Ayuntamiento distribuye publicaciones, conviene recordar cómo se mantuvo políticamente la declaración de interés público de la planta.
El 29 de mayo de 2025, doce concejales del Partido Popular votaron a favor de rechazar el recurso presentado contra dicha declaración. Otros doce concejales, incluidos cuatro del PSOE, votaron en sentido contrario.
Pero el resultado final lo avalo el voto de abstención de una concejala del PSOE.
El empate a doce votos fue resuelto mediante el voto de calidad del alcalde Carlos Blázquez, permitiendo mantener la declaración de interés público.
Pero la cuestión no terminó ahí.
Al día siguiente, la secretaria general y portavoz socialista de Colmenar Viejo, Paloma Maroñas, defendió públicamente la actuación de su concejala, vinculando sus argumentos con las políticas socialistas de economía circular y aprovechamiento energético de los residuos. Tampoco se anunciaron medidas disciplinarias.
Es importante distinguir los hechos: el grupo socialista no votó mayoritariamente a favor de mantener aquella declaración, pero su dirección municipal sí defendió posteriormente la abstención que había resultado decisiva.
Y eso también exige una explicación política.
Porque defender las energías renovables no implica necesariamente respaldar cualquier instalación, independientemente de su ubicación y de las actividades industriales que ya existen en su entorno.
MENOS FOLLETOS Y MÁS TRANSPARENCIA
Señor Blázquez, antes de distribuir nuevas publicaciones, haga público cuánto ha costado esta campaña, desglose los beneficios económicos anunciados y explique qué estudios permiten valorar los efectos acumulativos de la planta con las instalaciones existentes.
Los vecinos no necesitan que se les repitan las ventajas del biogás. Necesitan respuestas sobre esta planta, en este lugar y con estas condiciones.
El Ayuntamiento puede defender el proyecto, pero debe escuchar también a quienes consideran que Colmenar Viejo ya soporta suficientes actividades de tratamiento de residuos.
La información institucional debe servir para que los ciudadanos formen su propio criterio, no para sustituir sus preocupaciones por un mensaje promocional.
Y, por lo que parece, si las actuaciones legales y administrativas no lo impiden, Colmenar Viejo acabará teniendo una planta de biogás cuya declaración de interés público se mantuvo gracias a los doce votos del Partido Popular, la abstención decisiva de una concejala del PSOE —posteriormente defendida por su dirección municipal— y el voto de calidad del alcalde Carlos Blázquez.
Los folletos podrán explicar las ventajas de la planta. Pero no deberían hacer olvidar las decisiones políticas que han permitido que el proyecto siga adelante.
Miguel Ángel Pedrosa Ruiz
Graduado en Derecho, consultor empresarial y asesor jurídico. Empresario del sector tecnológico con más de 40 años de experiencia. Exconcejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Secretario General de TÚ ELIGES y Analista Político.
